Ley de segunda oportunidad.

Ley de segunda oportunidad.

La Ley de Segunda Oportunidad, la llave para empezar de cero. El salvavidas económico para autónomos y particulares.

La crisis del coronavirus está teniendo una importante repercusión económica a nivel mundial, causando importantes estragos sobre la situación financiera de los ciudadanos.

En este contexto, existe un mecanismo legal que puede ayudar y salvar a aquellos autónomos y particulares que sufren endeudamiento: la Ley de Segunda Oportunidad.

Debido a la crisis sanitaria, muchos empresarios y trabajadores autónomos se enfrentan a situaciones de insolvencia que están derivando en su endeudamiento. Una circunstancia que, mucha veces, les lleva a la ruina al no poder afrontar las deudas contraídas, por ejemplo, con entidades financieras.

Existe un soporte legal diseñado para aliviar esta situación y poder empezar de cero, la Ley de Segunda Oportunidad, introducida en nuestro ordenamiento jurídico en virtud del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero.

El objetivo de la Ley de Segunda Oportunidad consiste en otorgar protección a las personas físicas y autónomos que se han visto lastrados por un fracaso, de tipo económico, empresarial o personal, y que como consecuencia sufren una situación de sobreendeudamiento, de modo que puedan tener una segunda oportunidad y rehacer su vida.

Concretamente, este mecanismo normativo permite a una persona insolvente la reestructuración de los pagos pendientes para que pueda asumirlos en un plazo más holgado de tiempo y, en último caso, la exoneración de las deudas que resulte imposible atender con su patrimonio.

¿Cómo funciona?

Para acogerse a este mecanismo normativo, el deudor tiene que demostrar la situación de insolvencia y el haber obrado de buena fe.

Una vez comprobado ambos requisitos, el primer paso del proceso es poner en marcha un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores. Es proceso se solicita ante un notario, presentando toda la documentación para iniciar el procedimiento, y es tutelado por un juez.

Se procederá a la designación del mediador concursal, quien actuarán de interlocutor entre el deudor y sus acreedores, y presentar una propuesta de pagos adaptada a la situación del deudor. En este caso tendrá en cuenta qué porcentaje de su dinero necesita el deudor para vivir y qué otra parte puede destinarse al pago de la deuda.

El deudor debe comprometerse con todo el patrimonio que le sea posible para saldar sus pagos pendientes en un plazo máximo de tiempo. Se trata de buscar un pacto de quita y espera, esto es un acuerdo que establezca un calendario de pagos dentro de un determinado plazo (espera) que no puede superar los 10 años y que pueda incluir la liberación de alguna parte de la deuda (quita).

Sin embargo, tal negociación o suele resultar efectiva en la mayoría de los casos.

Por tanto, si en esta primera fase no se alcanza ningún acuerdo, se entra en una segunda etapa que es el concurso de acreedores. Este proceso se puede alargar un año aproximadamente hasta la consecución de una sentencia favorable, en función de los trámites judiciales necesarios realizar y la complejidad del patrimonio y de la deuda.

Requisitos para acogerse a la Ley.

Para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad hay dos puntos a tener en cuenta: por un lado, los requisitos relativos al acuerdo extrajudicial de pagos, y por otro, los referidos al beneficio de exoneración de deudas.

Los requisitos relativos al acuerdo extrajudicial son:

  • Haber actuado siempre de buena fe teniendo en cuanta el historial crediticio.
  • La estimación inicial de las deudas no debe superar los cinco millones de euros.
  • El deudor no puede haber sido condenado por delito contra el patrimonio, el orden socioeconómico, la Hacienda Pública, la Seguridad Social, los derechos de los trabajos o por falsedad documental en los 10 años anteriores.
  • El deudor no puede haber recurrido a la Ley de Segunda Oportunidad en los 10 últimos años.
  • En el caso de haber cobrado el paro en los últimos cuatro años, el interesado no puede haber renunciado a ningún puesto de trabajo que le haya ofrecido el SEPE.

Por su parte, los requisitos relativos al beneficio de exoneración de las deuda son:

  • Haber celebrado o al menos intentando inicialmente el acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores.
  • Deben estar satisfechas todas las deudas contra la masa (gastos generales tras la solicitud del concurso: salarios, costes judiciales, etc.) y la deuda privilegiada (hipotecas, si se tiene, y créditos públicos que incluyen las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social).
  • Si el deudor no ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previos, debe haber satisfecho al menos el 25% del importe de los créditos concursales ordinarios.
  • Si aún existen deudas con organismos públicos, el deudor deberá aceptar someterse a un plan de pagos de esos créditos en un plazo de cinco años.

Tipos de deudas que pueden exonerarse.

Las deudas contraídas con entidades financieras, de créditos y de consumo son las más comunes y fáciles de exonerar.

Del mismo modo, las deudas contingentes como garantías (avales, hipotecas) o potenciales derivaciones por responsabilidad también están incluidas dentro de las tipologías de deudas que pueden exonerarse.

En cambio, la deuda contraída con la Administración Pública supone el mayor quebradero de cabeza para los empresarios y trabajadores autónomos que han quedado en quiebra.

De hecho, pese a que la Ley de Segunda Oportunidad no recoge que las deudas contraídas con las Administraciones deben quedar exoneradas, la normativa viene de Europa y la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo dictaminó el 2 de julio de 2019 que las deudas con la Administración se cancelan por la Ley de Segunda Oportunidad y que ningún sistema judicial de ningún país tiene capacidad para modificar esa norma europea.

En este sentido, contempla una liberación de hasta un 70% de las deudas contraídas con las Administraciones Públicas y que el resto de la deuda se fraccione en pagos durante cinco años.

En caso de ser beneficiario de la exoneración de las deudas, el deudo se libera de estas para siempre salvo que el acreedor solicite al juez una revocación de las deudas que han quedado exoneradas. Esto suceder cuando el acreedor entiende a posteriori y demuestra, que su deudor actuó de mala fe, ha obtenido ingresos no declarados a través de economía sumergida o ha mejorado sustancialmente su situación financiera.

Desde su aprobación en 2015 solo se han acogido a la Ley 10.000 personas, pero las solicitudes se multiplicarán en lo que resta del año y en 2021.

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