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Ampliación medidas económicas Covid-19 (II)

MEDIDAS LABORALES

Como continuación a las medidas económicas por el Covid-19.

A través de las siguientes normas se incluyen recursos destinados a proteger el bienestar de las familias trabajadoras, facilitando reducciones de jornadas y ayudando al cuidado de los menores, amén de medidas para proteger el empleo, permitir una flexibilidad laboral y un plan de liquidez para las empresas.

Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública

Establece la consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de los trabajadores como consecuencia del Coronavirus, al objeto de reducir el coste a las empresas y conceder prestaciones más altas a los trabajadores. Así, determina que en ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta, pudiendo causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social, entendiendo por fecha del hecho causante aquella en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.

Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19

Establece para el personal encuadrado en los Regímenes Especiales de los Funcionarios Públicos la misma consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de los trabajadores como consecuencia del Coronavirus recogida por el Real Decreto 6/2020.

Asimismo, contempla medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. En este sentido, establece que las empresas dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los del comercio y hostelería (excluidas las pertenecientes al Sector Público), siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores.

Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

Adaptación de horario y reducción de jornada.

Se establece el derecho a la adaptación de su jornada ―y/o a la reducción de la misma― para los trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado. En concreto, cuando sea necesaria la presencia de los trabajadores para atender a alguna de estas personas que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesiten de cuidado personal y directo como consecuencia directa del Coronavirus.

Se trata de un derecho individual de cada uno de los progenitores o cuidadores, que debe partir en cualquier caso de un reparto corresponsable de las obligaciones de cuidado, debiendo ser justificado, razonable y proporcionado en relación con la situación de la empresa, particularmente en caso de que sean varias los trabajadores que accedan al mismo en una misma empresa.

La iniciativa de esta medida corresponde a los trabajadores, tanto en lo relativo a su alcance como en su contenido, siempre y cuando esté justificada, sea razonable y proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar el trabajador, que han de estar debidamente acreditadas, y las necesidades de organización de la empresa.
Para ello, se insta a que empresas y trabajadores a que traten de hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo.

Esta adaptación de la jornada puede referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo cuya alteración o ajuste permita que el trabajador pueda dispensar esta atención y cuidado:

 Cambio de turno.
 Modificación de horario.
 Horario flexible.
 Jornada partida o continuada.
 Cambio de centro de trabajo.
 Cambio de funciones.
 Cambio en la forma de prestación del trabajo (incluida la prestación del trabajo a distancia).
 Cualquier otro cambio que estuviera disponible en la empresa o que pudiera
implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter
temporal y excepcional de las medidas contempladas, que en todo caso se limita al periodo excepcional de duración del Coronavirus.

Los trabajadores que se acojan a este derecho tendrán una reducción proporcional de su salario.

La reducción de jornada especial debe ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación, pudiendo alcanzar el 100% de la jornada de ser necesario, en cuyo caso el derecho del trabajador deberá estar justificado y ser razonable y proporcionado en atención a la situación de la empresa.

Si se da la circunstancia de que el trabajador se encuentra ya disfrutando de una adaptación de su jornada por conciliación, o de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, o de alguno de los derechos de conciliación previstos en el ordenamiento laboral, podrá renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su disfrute, debiendo la solicitud limitarse al periodo excepcional de duración de la crisis sanitaria y acomodarse a las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, así como a las necesidades de organización de la empresa, presumiéndose que la solicitud está justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en contrario.

Prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores autónomos.

Los trabajadores autónomos cuyas actividades queden suspendidas ―o bien cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior― tienen derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

 Estar afiliados y dados de alta en el RETA o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
 En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como
consecuencia del estado de alarma, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75%, en relación con la efectuada en el semestre anterior.
 Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, si bien si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas, siendo que la regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

La cuantía de la prestación será determinada aplicando el 70% a la base reguladora (que será el promedio de las bases por las que se hubiera cotizado durante los 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese). Cuando no se acredite el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70% de la base mínima de cotización en el RETA o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

La duración de esta prestación extraordinaria por cese de actividad será de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los periodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

Esta prestación extraordinaria es incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social.

Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos anteriormente indicados.

Suspención de contratos y reducción de jornada.

Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del Coronavirus, incluida la declaración del estado de alarma,

En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo por fuerza mayor, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:

 El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que deberá
acompañarla de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del Coronavirus, así como, en su caso, de lacorrespondiente documentación que acredite tal circunstancia. La empresa debe comunicar su solicitud a los trabajadores y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a sus representantes.
 La existencia de fuerza mayor como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada debe ser constatada por la autoridad laboral, independientemente del número de trabajadores afectados.
 La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, debiendo limitarse a constatar la existencia ―cuando proceda― de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiéndole a esta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.
 El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se evacuará en el plazo de cinco días.

Por otro lado, en los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el Coronavirus, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:

 De no existir representación legal de los trabajadores, la comisión representativa para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará formada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa. En cualquiera de los supuestos, la comisión representativa deberá estar constituida en el plazo de cinco días.
 El periodo de consultas entre la empresa y los representantes de los trabajadores o la comisión representativa anteriormente indicada no deberá exceder del plazo máximo de siete días.
 El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se evacuará en el plazo de siete días.

Exoneración en el pago de cuotas a la Seguridad Social

En función del número de trabajadores que tenga la empresa se establece una exoneración distinta en los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al Coronavirus.

Así, cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure la suspensión de contratos o la reducción de jornada autorizado en base a dicha causa.

Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75% de la aportación empresarial.

No obstante, esta exoneración no tendrá efectos para los trabajadores, de manera que se mantendrá la consideración de dicho periodo como efectivamente cotizado a todos los efectos.

Corresponde al empresario instar a esta exoneración de cuotas, que se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y periodo de la suspensión o reducción de jornada.

Protección por desempleo.

Para aquellos casos en que las empresas opten por la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción derivadas de la incidencia del Coronavirus serán de aplicación estas medidas en términos de protección por desempleo:

 Se reconoce el derecho a la prestación contributiva por desempleo a los trabajadores afectados, aun cuando carezcan del periodo de cotización mínimo necesario a tal efecto.
 No se computará el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo como consecuencia de estas circunstancias extraordinarias derivadas del Coronavirus, a efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos.

También podrán acogerse a estas medidas los trabajadores que tengan la condición de socios trabajadores de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado y que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.

Estas medidas serán de aplicación a los trabajadores afectados tanto si en el momento de la adopción de la decisión empresarial tuvieran suspendido un derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo como si careciesen del periodo mínimo de ocupación cotizada para causar derecho a prestación contributiva, o no hubiesen percibido prestación por desempleo con anterioridad.

En todo caso, se reconocerá un nuevo derecho a la prestación contributiva por desempleo, con las siguientes especialidades respecto a la cuantía y duración:

 La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del periodo de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de la relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias que han originado directamente la suspensión del contrato o la reducción de la jornada de trabajo.
 La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del periodo de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de las que trae causa.

En resumen, las medidas de apoyo a empresas, trabajadores y autónomos en el ámbito laboral se concretan, fundamentalmente, en las siguientes:

  • Todos los trabajadores tendrán derecho a reorganizar o reducir su jornada laboral para el cuidado de familiares hasta segundo grado.
  • Los trabajadores que se vean afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) podrán beneficiarse de la prestación por desempleo, incluso quienes no tengan derecho a dicha prestación por no contar con el tiempo mínimo de cotización exigido a tal efecto.
  • Las prestaciones por desempleo cobradas durante el estado de alarma no computarán para prestaciones por desempleo posteriores, de manera que quienes se encuentren en esta circunstancia, en ningún caso habrán agotado su prestación por desempleo, por lo que ante un posible despido en el futuro, volverían a cobrar la prestación por desempleo desde cero.
  • Se facilita el acceso a la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos cuando hayan tenido que cerrar sus establecimientos o suspender sus servicios.
  • Las empresas que presenten un ERTE no pagarán cuotas a la Seguridad Social, al objeto de evitar el despido de trabajadores.

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