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Ampliación medidas económicas contra el Covid-19 (I)

A lo largo de estos días, el Gobierno ha publicado diversas normas con el fin de hacer frente a la situación, grave y excepcional, ocasionada por el COVID-19. A través de este artículo comentaremos las principales medidas aprobadas.

MEDIDAS FISCALES

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Entre las medidas adoptadas destacan la suspensión de los plazos administrativos como la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad.
Respecto a la suspensión de plazos administrativos, se suspenden términos y se
interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público desde el día 14 de marzo. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020 o, en su caso, las prórrogas del mismo.

La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el que se incluye a las distintas administraciones tributarias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.

Por tanto, se suspenden e interrumpen los plazos de los procedimientos de aplicación de los tributos y de revisión en vía administrativa, como, por ejemplo, procedimientos de devolución iniciados mediante la presentación de autoliquidaciones o solicitudes, de liquidación iniciados mediante la presentación de una declaración; recursos de reposición, reclamaciones económico-administrativas; verificación de datos, comprobación limitada, investigación, apremio, etc.

No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.

El Real Decreto 465/2020 modifica la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 para incluir que la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. Por tanto, en abril se iniciará el período para la presentación del IRPF.

Por otro lado, los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren. Por tanto, se suspenden los plazos de prescripción de los derechos tanto la Administración tributaria (practicar las liquidaciones, a exigir el pago de las deudas, imponer sanciones) como de los derechos de los contribuyentes (solicitud de devoluciones y reembolsos correspondientes).

Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19

En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley General Tributaria (LGT), se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 13 de marzo hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la LGT, es decir, que el importe de las deudas en conjunto no exceda de 30.000 euros; incluidas aquellas cuya gestión recaudatoria corresponda a las Comunidades Autónomas.

Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la LGT. Por tanto, con carácter extraordinario, se podrán aplazar también:
 Las obligaciones tributarias que deben cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta, es decir, las retenciones e ingresos a cuenta.
 Las obligaciones tributarias que deben cumplir el obligado a realizar pagos
fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

 Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos. Ya no es necesario que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas para su aplazamiento. Esta medida afecta, por ejemplo, a las cuotas de IVA repercutidas en el caso de arrendamientos.
Para la concesión del aplazamiento es necesario que el deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019, es decir, para solicitar el aplazamiento debe tratarse de una pyme o autónomo.

Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
 El plazo será de seis meses.
 No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del
aplazamiento.

Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID- 19

En atención a las dificultades que la situación excepcional generada por el COVID-19 puede entrañar para los obligados tributarios en orden a cumplir ciertas obligaciones tributarias y trámites en procedimientos de carácter tributario, fundamentalmente para atender requerimientos y formular alegaciones en plazo en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores tributarios y algunos de revisión en materia tributaria, a través del Real Decreto-Ley 8/2020 se adoptan medidas para flexibilizar los plazos con los que cuenta el contribuyente para favorecer su derecho a alegar y probar y facilitar el cumplimiento del deber de colaborar con la Administración Tributaria del Estado y de aportar los documentos, datos e información de trascendencia tributaria de que se trate. Por tanto, a través de esta norma, y en aras de facilitar el pago de las deudas tributarias, se flexibilizan los plazos para el pago, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento.

El artículo 33 de la norma complementa lo ya comentado sobre las medidas adoptadas a través del Real Decreto 463/ 2020.

En relación a la suspensión de plazos en el ámbito tributario:
 Se amplían hasta el 30 de abril de 2020, siempre que no hayan concluido el 18 de marzo de 2020:

  • Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la LGT, es decir, tanto las resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración que se encuentre en período voluntario como las que se encuentren en período ejecutivo notificada la providencia de apremio. Así, por ejemplo, en el supuesto de una deuda liquidada el 14 de febrero, que vence el 20 de marzo, se podrá pagar hasta el 30 de abril.
  • Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos. Con esta medida, un plazo de pago de un aplazamiento concedido en 2019 que vence el 20 de marzo se puede pagar hasta el 30 de abril.
  • Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación.
  • Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación.

 En el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde el 18 de marzo hasta el día 30 de abril de 2020.

 Se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación, cuando se comuniquen a partir del 18 de marzo de 2020:

  • Los plazos previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la LGT, es decir, tanto las resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración que se encuentre en período voluntario como las que se encuentren en período ejecutivo notificada la providencia de apremio. Así, por ejemplo, en el supuesto de una deuda liquidada el 19 de marzo, que vence el 5 de mayo, se podrá pagar hasta el 20 de mayo.
  • Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos. Si el aplazamiento se concede el 20 de marzo y el primer plazo vence el 15 de abril, se podrá pagar hasta el 20 de mayo. Si el plazo venciera el 3 de junio, esa será la fecha máxima para pagarlo.
  • Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación.
  • Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir del 18 de marzo de 2020.
    Se considerará cumplido el trámite si el obligado tributario atendiera voluntariamente al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones.
    Se mantienen en materia de plazos para formular alegaciones y atender requerimientos las especialidades previstas por la normativa aduanera.
    El período comprendido desde el 18 de marzo hasta el 30 de abril de 2020 no computará:
     A efectos de la duración máxima (seis meses) de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la AEAT, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.
     A efectos de los plazos de prescripción ni a efectos de los plazos de caducidad.
    A los solos efectos del cómputo de los plazos de prescripción (cuatro años), en el recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 18 de marzo y el 30 de abril de 2020. El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta que se haya concluido dicho período, o hasta que se haya producido la notificación en los términos de la Sección Tercera del Capítulo II del Título III de la LGT, si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.

También se amplía con carácter general el plazo de contestación a los requerimientos formulados por la Dirección General del Catastro:
 Se amplían hasta el 30 de abril de 2020, los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación el 18 de marzo de 2020.
 Tendrán hasta el 20 de mayo de 2020 para ser atendidos, los actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir del 18 de marzo de 2020 por la Dirección General del Catastro, excepto que sea mayor el otorgado por la norma general, en cuyo caso será este el aplicable.
 Se considera evacuado el trámite si el obligado tributario atiende al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presenta sus alegaciones.
 El período comprendido desde el 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos iniciados de oficio, si bien la Administración puede impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.
Lo dispuesto anteriormente será de aplicación a los procedimientos cuya tramitación iniciados con anterioridad al 18 de marzo de 2020.
Otra de las medidas que se adoptan afecta a la atribución de competencias para el despacho aduanero, Así, el titular del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá acordar que el procedimiento de declaración, y el despacho aduanero que aquel incluye, sea realizado por cualquier órgano o funcionario del Área de Aduanas e Impuestos Especiales.
Además, se declara la exención en ITP y AJD de las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este Impuesto.

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